Aunque a muchas personas pueda parecerles que la ley y las diferentes normativas solo son limitaciones, prohibiciones y sanciones, lo cierto es que el ordenamiento jurídico español busca, sobre todas las cosas, ordenar la vida social y procurar una vida mejor a los residentes en nuestras fronteras.
De hecho, existen leyes directamente pensadas para cumplir este objetivo.
Un ejemplo es la Ley Segunda Oportunidad, que surge en 2015 y, desde entonces, ha conseguido que muchas personas puedan empezar de nuevo ante escenarios muy complejos desde el punto de vista económico y laboral.
En Escobar y Sánchez Abogados contamos con letrados especializados en derecho laboral que conocen todos los detalles de la Ley de Segunda Oportunidad, y que trabajan diariamente con autónomos y emprendedores para mejorar sus perspectivas de futuro.
Qué es la Ley de Segunda Oportunidad
En esencia, la Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento legal que puede ser activado por personas físicas —no empresas— que han acumulado un gran número de deudas y se han debido declarar insolventes.
Esta normativa se convierte en un aliado clave para particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago.
Gracias a ella, las deudas se eliminan de manera total o parcial con un solo objetivo: que puedan empezar de cero y enfrentarse al día a día sin unas obligaciones económicas a la que no pueden hacer frente.
Tres objetivos en una norma
El llamado mecanismo de segunda oportunidad se reguló por primera vez en la Ley 25/2015, de 28 de julio.
Posteriormente, el 5 de septiembre de 2022 entró en vigor la Ley 16/2022, una reforma que establecía criterios de actuación más claros ante particulares y autónomos insolventes, y que también regulaba la situación de microempresas con deudas que no podían asumir.
En estos textos oficiales, aprobados en el Senado, se establece que la Ley Segunda Oportunidad persigue un triple objetivo.
Tipos de contratos temporalesPor un lado, se busca un apoyo social a quienes se encuentran en una situación vulnerable; por otro, se protege a los acreedores, que no pierden sus derechos de cobro y, en tercer lugar se unifican todas las reclamaciones de cobro en un único proceso que agiliza los trámites y facilita que todas las partes queden satisfechas.
Por supuesto, para beneficiarse de este mecanismo legal, hay que cumplir una serie de requisitos que están muy claramente especificados en la ley.
Quién puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad
La Ley de Segunda Oportunidad solo puede ser utilizada por personas físicas.
Eso sí, en líneas generales, no importa si estas han acumulado sus obligaciones de pago de manera privada o bien por su actividad como autónomos o empresarios.
Pero esta no es la única circunstancia que activa las posibilidades de recurrir a esta opción.
Es importante tener en cuenta los siguientes requisitos marcados por la ley:
- Contar con al menos dos acreedores: el dinero al que no se puede hacer frente debe deberse a dos personas, empresas o instituciones. Bancos, Hacienda, proveedores de materias primas o incluso clientes a los que se les debe una devolución formarían parte de estos acreedores.
- Estar legalizados en España: las personas que se beneficien de este recurso deben ser españoles o extranjeros con residencia legalizada en nuestras fronteras. Además, se contempla la posibilidad de ofrecer esta ayuda a quienes tienen sus intereses económicos o patrimoniales principales en la nación.
- Estar declarado insolvente: el primer paso que se ha de dar es la declaración de insolvencia. Si no se tiene dinero ni patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda esta ley se convierte en la herramienta clave para poder empezar de cero.
- Demostrar buena fe: el estudio que harán los juzgados debe demostrar que no ha habido mala fe por parte del deudor. Tampoco deben existir condenas por delitos económicos o patrimoniales.
Cómo funciona esta ley
Una vez que se han comprobado los requisitos y que el solicitante ha pedido beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad, hay que hacer una solicitud en el juzgado mercantil donde se tiene fijada la residencia oficial.
Los juzgados estudiarán el caso y plantearán, si la conclusión es positiva, una exoneración de pagos bajo dos vías distintas:
- Cancelación de las deudas totales con la liquidación de patrimonio.
- Cancelación parcial de las deudas estableciendo un plan de pagos.
En el primer caso, el capítulo de «debe» quedará a cero a cambio de que la persona que no puede hacer frente a los pagos entregue el total de su patrimonio. En este sentido se incluyen viviendas, vehículos, joyas o cualquier otro objeto de valor.
En el segundo caso, parte del patrimonio, con la primera vivienda, se mantiene a cambio de un plan de pagos asumible, con el que el deudor irá devolviendo las deudas en un plazo de entre 3 y 5 años.
Cómo pedir una cita previa en extranjeríaEstos son los principales puntos que una persona con deudas debe conocer sobre la Ley Segunda Oportunidad.
Gracias a este mecanismo legal, muchas personas han podido hacer frente a un escenario económico negativo, y hacer borrón y cuenta nueva en una segunda etapa de sus vidas.
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