El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del derecho a la defensa, que tiene como objetivo garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una defensa de calidad.
Esta ley pretende reforzar el derecho a la defensa y mejorar la igualdad de armas en los procesos judiciales.
Entre las principales novedades de esta ley se encuentra la obligación de que los abogados informen a sus clientes sobre todas las opciones de defensa disponibles, así como la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la asistencia de un abogado desde el mismo momento en que son detenidos.
Además, se establece un marco legal para la prestación de servicios de asistencia letrada a las personas que no cuenten con recursos suficientes para costearse un abogado.
Con esta ley, se busca garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso real y efectivo al derecho a la defensa, independientemente de su situación económica.
Se espera que esta ley suponga un avance importante en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la mejora del sistema judicial en España.