Mecanismo de Pago a Proveedores de las Entidades Locales¿Qué es?

Este Mecanismo de Financiación para el Pago a los proveedores de las Entidades Locales se regula en el Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Objetivo.

Tiene como objetivo poder habilitar las condiciones necesarias para permitir la cancelación por las entidades locales de sus propias obligaciones pendientes de pago con sus proveedores derivadas de la contratación de obras, suministros o servicios.

Requisitos.

Se establecen una serie de REQUISITOS DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO y han de cumplirse TODOS, siendo las siguientes:

1) Las Obligaciones pendientes de pago han de ser vencidas, líquidas y exigibles.

Son obligaciones vencidas, líquidas y exigibles aquellas obligaciones en las que el contratista haya llevado a cabo las obligaciones contractuales y legales habiéndose prestado, por parte del órgano competente de la entidad local, la conformidad a dicha obligación y que se encuentre vencida al haber transcurrido el plazo legal de pago sin que la obligación se haya abonado al contratista.

Si la Corporación procedió a la devolución efectiva de las obligaciones reclamando su rectificación o bien, a la notificación de las objeciones que impedían su reconocimiento y contabilización o, si existe un procedimiento judicial en curso, cabe entender que tales facturas no cumplen el requisito de ser exigibles y, por tanto, no deberían incluirse en el certificado de intervención.

En el supuesto de que la obligación estuviera prescrita procederá la baja en cuentas de la obligación, previa tramitación del oportuno expediente, quedando, por tanto, excluida de su inclusión en el certificado de intervención.

Considerando que el plazo de prescripción de 4 años para exigir el pago de las obligaciones por parte del contratista se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

Si no se hubiera realizado dicha notificación, no podría entenderse iniciado el plazo de prescripción.

2) Presentación antes del 1 de enero de 2012.

La recepción en el registro administrativo de la entidad local de la correspondiente factura, factura rectificativa en su caso, o solicitud de pago equivalente haya tenido lugar antes del 1 de enero de 2012.

Para que el interventor pueda recoger en el certificado una obligación, ésta debe constar en el registro general de la Entidad Local o en el registro de facturas de la Intervención.

Si a consecuencia del Real Decreto-ley se entregaran al órgano interventor obligaciones con registro en otras Administraciones Públicas, procederá a darle entrada con fecha actual en los registros administrativos locales lo que les excluiría del ámbito de este Real Decreto.

3) Que se trate de contratos de obras, servicios o suministros incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

También cabe considerar incluidos los contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión.

4) Que el acreedor no sea la Administración General del Estado o de las CCAA, o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes, otras entidades locales o la Seguridad Social.

Se entiende por CONTRATISTA, a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 4/2012, tanto al adjudicatario del contrato como al cesionario a quien le haya transmitido su derecho de cobro.

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