bancoAprobada por el Congreso la ley contra la morosidad de las Administraciones

– El plazo de pago a los proveedores se reduce de 60 a 30 días, sin excepciones

– Los autónomos consideran excesivo que la norma se vaya a aplicar de forma gradual hasta 2013

– El plazo empezará a contar desde la entrega de la mercancía o la realización del servicio y habrá intereses de demora

Ayer, los grupos de la Comisión de Industria del Congreso apoyaron por unanimidad el cambio propuesto por CiU, que supone reducir de forma notable el periodo de abono en las operaciones comerciales de administraciones y empresas con sus proveedores.

Las primeras deberán pagar sus facturas en 30 días y las segundas, en 60, frente a los actuales plazos medios de 139 y 98 días, respectivamente. El cambio, eso sí, se haría de forma progresiva para llegar a los términos pactados en 2013, algo que no ha gustado mucho a las asociaciones de autónomos. Además, los grupos parlamentarios rechazaron una propuesta del PSOE que pretendía excluir de la regla general a las grandes compañías -con más de 100 millones de facturación-, permitiéndoles un “pacto entre las partes” sobre el momento del pago, lo que dejaría vendidos a los pequeños.

“Un paso histórico”

El texto impone también que el plazo empiece a contar desde la recepción de la mercancía o la realización del servicio, y no desde el momento en que llegue la factura, como hasta ahora.

Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma -que representa a casi 800.000 pequeñas empresas, que emplean a cuatro millones de trabajadores y a 460.000 autónomos- celebró la decisión, calificándola de “paso histórico”. “Hoy hemos salvado miles de empresas y puestos de trabajo. David ha vuelto a ganar a Goliat”, añadió.

Cañete estima que la reforma supondrá “una inyección financiera de 10.000 millones de euros a las pymes, que tendrán más liquidez para luchar contra la crisis”. La modificación debe pasar aún por el Senado, donde la Plataforma confía en que los políticos mantengan su postura.

CiU, impulsor de la reforma, explicó que es “consciente de que los Ayuntamientos necesitan liquidez para poder cumplir la norma”. Por eso, pidió al Gobierno que resuelva la financiación de las administraciones locales “para que los ayuntamientos puedan pagar sus deudas”.

La Comisión de Industria aprobó también la creación de un Observatorio estatal de la Morosidad dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para realizar un seguimiento específico de la evolución de los plazos de pago y de la morosidad en las transacciones comerciales, así como de los resultados y eficacia de la Ley.

Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización, que no podrá superar, en ningún caso, el 15% de la cuantía de la deuda. El deudor no estará obligado a pagar esta indemnización cuando no sea responsable del retraso en el pago.

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